La Comunidad Autónoma de Cantabria ha presentado alegaciones al Plan Nacional de Respuesta a la invasión de Ucrania con el objetivo de ampliar los beneficiarios y supuestos en los que los contratistas de obras con las administraciones públicas puedan revisar al alza los contratos y así hacer frente a la subida del coste de los materiales.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha informado del alcance de las propuestas de la región presentadas al Plan Nacional, que el Gobierno de España ha abierto a las aportaciones de los grupos parlamentarios, gobiernos autonómicos y locales y agentes sociales.

Fernández Viaña ha destacado la importancia de las alegaciones de Cantabria, aportadas desde las consejerías de Obras Públicas, dirigida por José Luis Gochicoa, y de su propio departamento, para que más empresas cántabras puedan absorber los efectos de la subida del coste de los materiales en la ejecución de las obras. Esta circunstancia, ha dicho, está poniendo en riesgo la continuidad de la obra pública, el funcionamiento de los servicios públicos, así como la propia estabilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo en las empresas regionales.

Así, en primer lugar, Cantabria ha solicitado ampliar la posibilidad de una revisión excepcional de los precios de determinados contratos públicos afectados por la subida del precio de los materiales no solo para aquellos que se encuentren en ejecución, sino también los formalizados, para incluir los contratos suscritos y pendientes del acta de comprobación de replanteo.

También ha pedido ampliar los casos susceptibles de revisión excepcional de precios en los contratos que se encuentran en fase de adjudicación y los que están adjudicados, pero pendientes de formalización. En este caso, Cantabria ha abogado por aportar seguridad a los contratistas para evitar que obras en licitación puedan quedar desiertas o demorarse su inicio por la subida extraordinaria de los materiales; más aún, en estos momentos, con muchas actuaciones sujetas a Fondos Europeos con plazos rigurosos para su ejecución.

“Creemos que tenemos que ampliar el número de obras y servicios en los que se puede aplicar esta revisión excepcional para actualizar los precios y ampliar con ello las empresas beneficiadas que deben hacer frente a sobrecostes extraordinarios poniendo en riesgo la ejecución de los contratos y la continuidad de las empresas”, ha argumentado la consejera de Presidencia.

Del mismo modo, la Comunidad ha solicitado incluir en este proceso de revisión de precios excepcional a la contratación pública efectuada por las entidades locales, y así absorber también la subida de costes de las pequeñas y medianas empresas de Cantabria que trabajan con los ayuntamientos y juntas vecinales.

La consejera de Presidencia ha cuestionado esta discriminación del Plan Nacional frente a los contratos de obras de las comunidades autónomas, “y más si tenemos en cuenta que gran parte de las inversiones en obra pública se realiza en estas administraciones públicas” y se estaría, en su opinión, “dando un trato privilegiado a las grandes constructoras, en contra de la pequeña y mediana empresa”.

Cantabria ha argumentado, además, que excluir a las entidades locales de este proceso de revisión excepcional de los contratos de obras supone una “contradicción” con el mandato europeo de fomentar el acceso a la licitación a todo tipo de empresas y podría introducir “una disfunción económica y social de imposible explicación o justificación”.

Por último, Fernández Viaña, que coordina los trabajos y alegaciones de Cantabria al Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, ha insistido en la necesidad de dar una “mayor celeridad” al proyecto, debido a la “urgencia” de la situación de muchos ciudadanos y empresas. “La aplicación de las ayudas puede llegar ‘in extremis’ para los sectores más afectados”, ha lamentado.