La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado hoy el respaldo de su partido a la modificación legislativa para garantizar por ley que la administración repercute en el precio de las plazas concertadas para personas dependientes las subidas salariales de los trabajadores, aunque también ha exigido al Gobierno agilidad en la tramitación y garantías de financiación.

Buruaga se ha comprometido a impulsar esta medida con los grupos que sustentan al Gobierno en el Parlamento después de reunirse con los representantes de las empresas, entidades y los trabajadores que prestan servicios en el ámbito de la dependencia: FED, Lares, CERMI, Plena Inclusión y los sindicatos UGT y CCOO.

El encuentro se ha producido tras haber recibido el Grupo Popular una propuesta de la Consejería de Política Social para blindar la subida de precios a través de una modificación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales de 2007, vía proposición de ley impulsada por los grupos parlamentarios.

La presidenta ha garantizado el apoyo del PP no porque lo haya pedido el Gobierno, sino porque el sector de la dependencia lo necesita y también porque es una vieja demanda y una propuesta recurrente del Partido Popular que, de hecho, está incluida en su programa electoral.

No obstante, ha pedido agilidad en la tramitación y garantías de financiación, al tiempo que ha asegurado que esta medida no es fruto de la convicción del Gobierno, sino de la fuerza de los acontecimientos, porque después de dos años mirando para otro lado y de dejación de responsabilidades, no le ha quedado otro remedio que dar su brazo a torcer para tratar de evitar la falta de personal cualificado que se agrava cada día y aboca al sistema al colapso.

Así, ha apostado por acelerar al máximo la aprobación de esta iniciativa para que la revisión de precios pueda abordarse de inmediato, tramitando la proposición de ley por el procedimiento de lectura única, de manera que pueda entrar en vigor a finales de febrero y no en dos meses, como prevé la Consejería.

Además, ha pedido la memoria económica de la medida y respaldo financiero en el presupuesto, puesto que es todo un clásico que el Gobierno consigne para estancias concertadas menos presupuesto de lo que sabe que va a gastar. De hecho, el año pasado este gasto alcanzó los 87,5 millones y el presupuestado es de 85, con lo que, según Buruaga, difícilmente se va a poder financiar una actualización de precios que tiene un coste aproximado de 4 millones con un presupuesto que tienen en esa partida un boquete de dos.

Buruaga ha recordado que el PP lleva mucho tiempo insistiendo en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de un sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia que después de años con los precios muy ajustados ha llegado a la pandemia exhausto económicamente y reclamando medidas y financiación para dar estabilidad a las plantillas, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y fomentar el empleo de calidad sin poner en peligro la viabilidad del sector.

Sin embargo, siempre se ha tropezado con la cerrazón del Gobierno, que ha respondido sistemáticamente no, por lo que le ha dado la bienvenida a la rectificación en beneficio de un sector que emplea a 6.000 trabajadores.

La presidenta ha recordado que hace solo un mes se modificó la Ley de Derechos y Servicios Sociales a través de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos y entonces no se introdujo esta medida, lo que evidencia la falta de voluntad política y, sobre todo, la improvisación de un Gobierno que va siempre por detrás de las necesidades del sector y no reacciona hasta que le estallan los problemas en la cara.

“Bien está lo que bien acaba, pero la actuación del Gobierno en este asunto no es para colgarse medallas”, ha resumido.