“Cuando los servicios más básicos se convierten en negocio, el beneficio se consigue a costa de las condiciones de los y las  trabajadoras y además se degrada el servicio mismo”.

Esa es la denuncia que ha trasladado la representación de Izquierda Unida de Santander, tras mantener una reunión con responsables de la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), en la que han abordado la denuncia de las representantes sindicales sobre las condiciones de las trabajadoras de los centros que prestan servicios en la red de violencia de género de Cantabria.

Concretamente el conflicto y el agravamiento de las condiciones  se acentúa  en el centro Las Marzas, dedicado a una asistencia de 24 horas a mujeres víctimas de violencia sexual y otras violencias machistas de Santander, y dirigido por concesión por la Fundación Diagrama.

Este empeoramiento de las condiciones se origina por unos pliegos técnicos que no permiten cumplir la legalidad de la distribución de jornada y calendarios laborales de las trabajadoras.

“Nos preocupa de manera especial que las condiciones laborales estén siendo tan precarizadas y las trabajadoras sometidas a presiones de todo tipo, algo que además afecta a la calidad de la atención que ellas puedan dar a las usuarias de este centro”, ha explicado Ainara Bezanilla, que ha estado acompañada por el concejal de la formación en el Ayuntamiento de la capital, Keruin Martínez, y la co-portavoz del Área de Juventud de Izquierda Unida Cantabria, Natalia San Emeterio.

Izquierda Unida de Santander ha querido conocer de primera mano estas denuncias, apoyar a las trabajadoras y unirse a su petición de que el Gobierno cántabro fiscalice y revise el pliego del contrato, elaborado también por una empresa privada, las condiciones de las trabajadoras y la consecuente atención del servicio.

“El papel lo soporta todo, pero si en la práctica ese pliego de condiciones no asegura la holgura del servicio, debiera revisarse ya que no resulta válido” señala Bezanilla. Asimismo, han abordado casos de otros centros cántabros, como el de Laredo, que se inauguró sin contar con una evaluación de riesgos laborales y cuyas consecuencias están sufriendo actualmente las trabajadoras.

“Se trata de un tema clave, una necesidad que tienen mujeres que están en una situación muy vulnerable y que no se puede quedar en un anuncio grandilocuente, sino que tiene que dotarse y asegurar que el trabajo pueda hacerse con calidad”, ha defendido Bezanilla.

Y es que las denuncias van desde falta de personal, hasta calendarios de trabajo que no respetan el descanso óptimo de las trabajadoras así como la falta de dotación de medios que tienen que suplir las empleadas con sus propios recursos.

“Un servicio tan esencial no puede recaer en la voluntariedad y el compromiso de las trabajadoras, que pongan a disposición su tiempo y dinero para suplir las carencias de la empresa”, ha recalcado.

“Vemos que son medidas que se repiten en casos de años pasados, como Melilla, La Rioja, o Granada, pero es que es un patrón similar a todos los servicios externalizados, como hemos denunciado con el servicio de limpieza de Valdecilla, el transporte sanitario, el servicio de diálisis o el de Garayalde y la limpieza en los colegios públicos de Santander”, ha recordado Keruin Martínez, para quien esta es la  “constatación del fracaso del modelo público-privado en servicios básicos, que al final acaba priorizando el beneficio empresarial por encima de la calidad de la atención a los usuarios”.