Ciento noventa y ocho profesores técnicos de Formación Profesional de Cantabria han solicitado –hasta las 14:00 horas de ayer, martes- su integración en el Cuerpo de Secundaria, un procedimiento abierto el pasado 15 de diciembre y que finalizará este viernes.

La Consejería de Educación y Formación Profesional publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la orden que regula este proceso en Cantabria, que permite a los profesores técnicos de Formación Profesional que cuentan con los requisitos de titulación integrarse en el Cuerpo de Secundaria, un proceso que contempla, además, el abono de la diferencia salarial entre ambos cuerpos con efecto retroactivo a partir de enero de 2021.

Cantabria se adelantó, así, al calendario inicialmente previsto por las comunidades autónomas, que, tras la publicación por parte del Gobierno de España del Real Decreto que regula el proceso el pasado mes de octubre, prevén en su mayoría comenzar con la integración en febrero.

Del total de docentes de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma algo más de 250 son funcionarios de carrera. Hasta ahora, han solicitado la integración casi el ochenta por ciento.

Requisitos

Los docentes que pueden integrarse en el Cuerpo de Secundaria son aquellos funcionarios de carrera que cuentan con titulaciones de grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente o bien con una diplomatura, ingeniería o arquitectura técnica.

Además, han de tener destino definitivo o encontrase en expectativa de destino en Cantabria y estar en situación de servicio activo o de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares, violencia de género o violencia terrorista.

Las solicitudes se presentan de forma telemática a través de la web institucional de la Consejería (www.educantabria.es), donde se ha puesto a disposición de los docentes un manual de usuario.

Una vez resuelta la convocatoria, quienes no hubiesen efectuado su solicitud y cumplan con los requisitos con posterioridad (por obtención de la titulación exigida) podrán realizarla hasta el 19 de enero de 2026 con efectos económicos, en ese caso, desde el reconocimiento de la integración.