La consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, ha tendido la mano a los grupos parlamentarios para que aporten alternativas técnicas para ampliar las alegaciones de la región ante la propuesta estatal para reformar el actual modelo de financiación autonómica. Todas las alegaciones recibidas complementarían las ya enviadas, el pasado mes de enero, al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Sánchez ha intervenido este martes en la Comisión de Economía y Hacienda en el Parlamento de Cantabria para explicar las alegaciones al modelo de financiación autonómico, elaboradas por expertos de la Consejería y del grupo de I+D+i de Economía Pública de la Universidad de Cantabria.

Tras analizar las 238 páginas de la propuesta remitida por el Ministerio, el resultado es un documento de carácter “estrictamente técnico, cuyos argumentos se fundamentan en razonamientos objetivos y medibles”, ha recalcado la consejera, para quien, de salir adelante esta propuesta, “Cantabria perdería un volumen de ingresos que comprometerían seriamente su suficiencia financiera”.

De este modo, ha recordado que, en el escenario más favorable, Cantabria puede perder hasta 8 puntos porcentuales en su participación en el Sistema de Financiación, lo que se traduciría en 203 millones de euros menos. “Cantabria sería la segunda Comunidad que más perdería en términos relativos solo por detrás de Extremadura”, ha subrayado Sánchez.

Igualmente, en el peor de los casos, con una pérdida de 33 puntos porcentuales, se recibiría 472 millones de euros menos. “En este escenario más negativo, Cantabria es la región que más pierde en términos porcentuales dejando de recibir un 20% de los recursos que tenía en 2017. Una cifra prácticamente equivalente al dinero que dedica la región anualmente a financiar el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla”, ha dicho.

Por todo ello, la titular de Hacienda ha advertido de que, en el caso de seguir adelante con esta reforma, se traduciría en “un impacto inasumible en términos de suficiencia financiera y que comprometería de forma grave la prestación en tiempo y forma de los servicios públicos fundamentales de la región”.

Población ajustada

El nuevo modelo de financiación autonómico, propuesto por el Ministerio de Hacienda, se basa en el criterio de población ajustada. Es decir, la población que existe en un territorio, ponderada en función de sus necesidades a la hora de prestar los servicios públicos, como el volumen de población, su edad o los costes fijos.

”Sin embargo, los criterios no relacionados estrictamente con la población, como pueden ser la superficie o la dispersión, únicamente representan el 3% de la tasa. Una aportación tan reducida que difícilmente puede explicar la diferencia de costes de prestación de servicios entre cada región”, ha afirmado la titular de Hacienda.

Además, el actual sistema de financiación autonómico, vigente desde 2009, se conforma a través de un reparto poblacional ajustado y una serie de fondos correctores, como el de Garantía, Suficiencia y Convergencia. En este sentido, la consejera ha apostado por “incluir uno o más fondos correctores que permitan salvar las peculiaridades del coste de los servicios que son ajenas a factores poblacionales”, y por “incluir aspectos como la suficiencia o el volumen total de recursos a repartir antes de considerarse las variables y las ponderaciones del reparto”.

Diez variables

En el documento técnico se hace un análisis de hasta diez variables que recoge el nuevo modelo de financiación. Las alegaciones parten de “la premisa básica de mantener sí o sí el statu quo”, una cláusula, que se ha mantenido “sistemáticamente” en todas las reformas planteadas hasta el momento, y que resulta “irrenunciable” para Cantabria, según la consejera, ya que incorpora costes inherentes, que no recoge el criterio de población ajustada.

En relación con los servicios sanitarios, según la propuesta estatal, la población protegida estaría ponderada por edades --se pasa de 7 a 20 grupos--, una cuestión que, a juicio de Sánchez, es positivo, “al considerarse en cierto modo el fenómeno del envejecimiento sobre la demanda sanitaria”. “No obstante, el cambio no representa una ganancia para Cantabria porque la participación con el modelo de 20 grupos se mantiene en ese 1,43%”, ha apostillado.

Sobre el coste de los servicios educativos, ha explicado que el documento plantea la disyuntiva de elegir entre la población potencial o el alumnado matriculado como variables determinantes de la demanda de servicios educativos. “En este sentido, a Cantabria le interesaría más utilizar la población potencial para garantizar la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía en edad de estudiar”, ha señalado la titular de Hacienda, quien ha recalcado que “ninguno de los escenarios previstos por el Ministerio confiere a Cantabria el mismo peso que obtiene en el modelo actual (1,19% frente al 1,20% actual)”.

En referencia a los servicios sociales, se plantean dos alternativas que modifican la variable que se emplea actualmente, la de personas mayores de 65 años. En ambos casos, los modelos propuestos por el Ministerio incrementan el porcentaje cántabro desde el 1,5 % hasta el 1,52 %. Y, en cuanto a los servicios generales, se reforma la ponderación de la variable utilizada actualmente, que es la población. Del 30% se baja a una horquilla entre el 18% y el 22%.

Sánchez también ha hecho alusión a la variable superficie, que acompaña al Sistema de Financiación Autonómica desde su origen. En este punto, ha asegurado que la inclusión de variables que maticen a la superficie podría favorecer el mantenimiento de su ponderación en el 1,8% actual. “De lo contrario, debería dejar paso a otras variables que modulen mejor los costes de las regiones tales como la orografía propiamente dicha, dispersión, despoblación o los costes fijos”, ha añadido.

En este sentido, se apuesta por incluir el indicador de la orografía a cambio de reducir otras variables no poblacionales. “Resulta obvia la incidencia que las zonas de montaña tienen para Cantabria a la hora de presupuestar la inversión en carreteras o el gasto en la prestación de servicios”, ha argumentado.

Igualmente, dentro de las variables no poblacionales, Cantabria apuesta por redefinir la dispersión geográfica. Actualmente, la medida que se utiliza para calcular la población ajustada es el número de entidades singulares que figuran en el Padrón de habitantes de cada Comunidad Autónoma. “Desde Cantabria optamos por utilizar otros indicadores de dispersión como los núcleos de población o número de celdas de 1 Km2 con población”, ha puntualizado Sánchez.

La consejera también ha planteado que la partida destinada a los costes fijos se reparta entre las Comunidades Autónomas que realmente lo necesitan. “Se trata de una variable nueva respecto al modelo de 2009 y, desde nuestro punto de vista, no podemos caer en el error del ‘pan para todos’. Los costes fijos son una de las variables que influyen en el coste unitario de la prestación de servicios y hacen referencia a la parte del coste que no depende del nivel de actividad sino del nivel de oferta”, ha señalado.

Una vez recibidas todas las alegaciones al nuevo modelo de financiación autonómico, el Ministerio tiene que analizar las mismas y hacer llegar una nueva propuesta. “De momento, ese procedimiento no tiene fechas previstas, ni un calendario de actuación marcado”, ha afirmado la consejera.