El PP denuncia que el Gobierno de Sánchez ha renunciado a ejercer sus competencias en materia de seguridad ciudadana

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Félix de las Cuevas y Elena Castillo reclaman más medios y efectivos para la Guardia Civil ante el aumento de la criminalidad en Cantabria

El PP denuncia que el Gobierno de Sánchez ha renunciado a ejercer sus competencias en materia de seguridad ciudadana

El Partido Popular ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a ejercer sus competencias en materia de seguridad ciudadana y le ha reclamado más medios y efectivos para la Guardia Civil ante el aumento en la criminalidad en Cantabria que refleja el Balance de Criminalidad del Ministerio de Interior, correspondiente al tercer trimestre de 2023.

 

Los parlamentarios nacionales del PP Félix de las Cuevas y Elena Castillo han advertido hoy en rueda de prensa del aumento de las infracciones penales de todo tipo que se produjeron en Cantabria de enero a septiembre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un incremento sustancial de los casos de cibercriminalidad y de los delitos contra el patrimonio.

 

“Cantabria tiene un problema de seguridad ciudadana. Es una realidad que dicen los números y sufren los ciudadanos”, han denunciado. Y a modo de ejemplo han detallado que se han incrementado en un 8,2% los robos con fuerza en domicilios, en un 50% las sustracciones de vehículos o en un 31,9% el tráfico de drogas, según los datos del Ministerio.

 

Unas cifras sobre las que el diputado nacional Félix de las Cuevas ha preguntado por escrito en el Congreso, al objeto de conocer la valoración que hace el Gobierno de España de los datos de la criminalidad en Cantabria y en los municipios de Santander, Torrelavega, Castro-Urdiales, Camargo y Piélagos; así como las medidas que ha llevado a cabo o pretende ejecutar en 2024 con el fin de prevenir y reducir la prevalencia de dichos delitos.

 

Y ha dicho que los parlamentarios cántabros del PP seguirán defendiendo ante el Gobierno de España la necesidad de incrementar la capacidad de actuación, tanto preventiva como asistencial, de las Unidades de la Guardia Civil y una mayor inversión en seguridad como se comprometió el ministro Marlaska en marzo de 2021.

 

En este sentido ha indicado que se ha presentado una moción que se debatirá en la comisión de Interior tanto del Congreso como del Senado para seguir exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez la mejora de la seguridad de la ciudadanía, incrementando los medios personales y materiales de la Guardia Civil en las zonas rurales y territorios más dispersos, prestando especial atención a comarcas con riesgo de despoblación y/o zonas afectadas por okupación ilegal de viviendas.

 

“Los cántabros nos merecemos más seguridad y más igualdad”, ha dicho De las Cuevas.

 

LEY FEIJÓO ANTIOKUPACIÓN

 

Para los parlamentarios nacionales del PP, al aumento de la criminalidad en Cantabria hay que unir el problema de la okupación ilegal de viviendas, que ha aumentado en los primeros 8 meses de 2023, registrándose 62 casos.

 

La senadora Elena Castillo ha señalado que la okupación se ha multiplicado en España del año 2018 al 2022, con un incremento de un 37% en este periodo, y ha destacado la importancia de la Proposición de Ley presentada por el PP en el Senado para atajar este fenómeno, crear un marco legal apropiado que proteja la propiedad privada y establecer los mecanismos necesarios para el desalojo en 24 horas.

 

“Las leyes están para impedir conductas ilegales, no para tolerarlas o amnistiarlas”, ha dicho recordando el paso adelante que supone la ‘Ley Feijóo’ antiokupación que se tomó en consideración el pasado jueves en el pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, con la abstención de dos aliados del gobierno, PNV y Junts (147 votos a favor, 104 en contra y 9 abstenciones).

 

Castillo ha subrayado que este texto demuestra que “hay otra forma de gobernar en nuestro país: una forma de gobernar que solucione los problemas que preocupan a los ciudadanos” porque, según ha dicho, la okupación atenta contra el derecho a la propiedad privada, genera problemas de convivencia vecinal, aumenta la inseguridad ciudadana entre vecinos en las comunidades de propietarios, hace saltar la alarma social y, en definitiva, no resuelve el problema de vivienda ni ayuda a los colectivos más vulnerables sino que, en muchos casos, sólo favorece a las mafias organizadas que se aprovechan de los resquicios que la ley para delinquir.

 

“Desde el PP defendemos una postura de tolerancia cero contra la okupación y tolerancia cero contra la inseguridad ciudadana”, ha sentenciado Castillo.

 

Los parlamentarios del PP lamentando que tengan que producirse desgracias para que se anuncien medidas, como el incremento de la seguridad en Renfe tras homicidio del joven Carlos Cubillas en la estación de Boo de Piélagos a comienzos de este mes.

 

Y han expresado su solidaridad y afecto con las familias de los dos guardias civiles fallecidos el sábado pasado en acto de servicio en Barbate (Cádiz) tras ser arrollados por una narcolancha, y su apoyo inequívoco a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

 

 

El PP denuncia que el Gobierno de Sánchez ha renunciado a ejercer sus competencias en materia de seguridad ciudadana