La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado hoy al Consejo Asesor para la Lucha contra la Despoblamiento de los Municipios de Cantabria las medidas incluidas en el presupuesto autonómico de este año para dinamizar las zonas rurales.

De todas ellas, Buruaga ha destacado tres en concreto: los nuevos beneficios fiscales dirigidos a los residentes en los municipios declarados en riesgo de despoblación, las facilidades introducidas con la modificación de la Ley del Suelo para construir en suelo rústico y el mayor porcentaje de financiación autonómica destinado a las obras públicas que se lleven a cabo en estos municipios.

"El objetivo está claro: ayudar el medio rural a potenciar su dinamismo, crear nuevas oportunidades y poner en valor las posibilidades que ofrece", ha señalado la presidenta, quien ha reiterado su compromiso con la igualdad de todos los cántabros "vivan donde vivan".

Sobre los beneficios fiscales, que se enmarcan -ha recordado- en la rebaja de impuestos "más ambiciosa de la historia de Cantabria", la María José Sáenz de Buruaga ha mencionado la exención total del canon de agua residual del consumo realizado en la vivienda habitual y la aplicación del tipo reducido del 4%, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y del 0,1%, en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, para la adquisición de una vivienda habitual.

Y como ejemplo del alcance de estas medidas, ha apuntado que comprar hoy una vivienda habitual de 100.000 euros en un municipio en riesgo de despoblamiento supone pagar 5.400 euros menos en impuestos, según la estimación (ahora, 4.100 euros; antes, 9.500 euros).

También se ha referido a las deducciones del 20% en los contratos de alquiler de vivienda habitual, hasta un límite de 600 euros en la declaración individual y de 1.200 en la conjunta; del 30% en gastos de guardería, con un límite de 600 euros anuales por hijo menor de tres años; de 500 euros en el periodo impositivo por cambio de residencia a un municipio declarado riesgo o de 200 euros por cada hijo estudiante menor de 25 años que curse estudios de bachillerato, FP o enseñanzas universitarias fuera del municipio.

En segundo lugar, la jefa del Ejecutivo ha explicado a los miembros del consejo asesor las nuevas facilidades que recoge la modificación de la Ley del Suelo para permitir la construcción tanto de viviendas unifamiliares como de construcciones vinculadas a actividades artesanales, educativas, culturales, de ocio, de turismo rural, campamentos o áreas de autocaravanas en suelo rústico de protección ordinaria a 200 metros del suelo urbano.

Según ha dicho, esta medida "en ningún caso supone barra libre", sino que pretende impulsar un "crecimiento ordenado, racional y sostenible", recuperando el régimen de construcción en suelo rústico vigente en Cantabria desde 2012. Además, ha añadido, con la nueva normativa se simplifican y se suprimen trabas administrativas y se incrementa notablemente la autonomía y la capacidad de decisión de los ayuntamientos.

El tercero de los incentivos sobre los que ha puesto el foco la presidenta es el aumento hasta el 95% del porcentaje de financiación autonómica para las obras públicas que se ejecuten en los municipios en riesgo de despoblamiento (en el resto de municipios es del 80%).

En este sentido, ha valorado también que, por primera vez en la historia de Cantabria, se ha tramitado en el mes de enero el pago del Fondo de Cooperación Local, que se hará efectivo en febrero para que todos los ayuntamientos puedan agilizar las inversiones.

Y en relación a otra de las preocupaciones del mundo rural, como es la atención sanitaria y el déficit de profesionales médicos, María José Sáenz de Buruaga ha asegurado que el Gobierno está "concentrando todos los esfuerzos" para encontrar una solución por la vía de la gestión, la previsión y la planificación.

"No venimos con una varita mágica debajo del brazo, pero no estamos quietos ni dispuestos a mirar para otro lado", ha subrayado.

Finalmente, Buruaga también ha aludido a otras medidas relacionadas con la adquisición de vehículos de uso común, la promoción de la tauromaquia o las gratificaciones destinadas a los funcionarios de carrera que decidan trabajar en municipios que estén a 40 kilómetros de Santander o en riesgo de despoblamiento.

La presidenta de Cantabria ha estado acompañada en la reunión, que ha tenido lugar en la sede del Gobierno regional, por los consejeros de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia, así como por miembros del resto de consejerías y entidades representadas en el consejo asesor.

Propuestas

En el transcurso del encuentro, el Gobierno ha planteado la posibilidad de revisar el mapa del despoblamiento en Cantabria y actualizar la categorización de los municipios, así como la modificación del anteproyecto de ley existente, elaborado en la anterior legislatura, para dotarlo de mayor alcance y contenido.

Del mismo modo, se ha presentado una propuesta de modificación del decreto de creación de este órgano, que incluye, entre otras cuestiones, la creación de una comisión permanente o la entrada en el mismo de instituciones como la Guardia Civil, además de otros organismos y colegios profesionales.

Todas estas cuestiones se remitirán por escrito a los miembros del consejo asesor y se someterán a deliberación en posteriores reuniones.

Por último, se ha dado cuenta del informe de actuación del año 2023 y del grado de ejecución de los fondos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.