La Federación DEAN (Defensa Animal en Cantabria) ha registrado escrito ante la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación exigiéndole las obligaciones que le impone la nueva Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales respecto a la elaboración de un Protocolo Marco de gestión de colonias felinas que servirá de referencia a los municipios.

 Desde Dean señalan que la Consejería va con 5 meses de retraso respecto a las obligaciones que le impone la nueva Ley. Añaden que muchos Ayuntamientos llaman a los voluntarios y voluntarias para quejarse de que han acudido a la consejería para que les oriente sobre la implantación del método CER y no han obtenido respuesta.

“Al igual que está ocurriendo con la mayoría de Ayuntamientos, la Administración Autonómica está actuando de espaldas a la Ley, siendo precisamente ésta quien debería dar ejemplo además de servir de ayuda a los municipios para el cumplimiento de sus nuevas obligaciones legales”, advierte Victoria Cedrún, presidenta y portavoz de DEAN.

Desde el colectivo explican que el artículo 40 de la Ley 7/2023 establece las funciones de la Administración Autonómica señalando que les corresponde “generar protocolos marco con los procedimientos y requisitos mínimos que sirvan de referencia para la implantación de programas de gestión de colonias felinas en los términos municipales”.

“No sólo deben desarrollar los métodos de captura, esterilización, registro de colonias, alimentación, cuidados sanitarios, etc., sino también cursos de formación y acreditación de las personas cuidadoras de las colonias y de los diferentes empleados y empleadas públicas y miembros de la policía que estén implicados en la gestión de las mismas, así como protocolos de actuación en casos de emergencia tales como inclemencias climatológicas o desastres naturales”, subrayan desde la Federación.

Dean ha aprovechado el registro para adjuntar un Protocolo Marco ya elaborado y adaptado a la normativa existente en nuestra Comunidad Autónoma.  “Queremos ‘facilitarles la tarea’ por si ese es el motivo por el que puedan justificar su retraso en la elaboración del mismo, y, por tanto, en el cumplimiento de sus obligaciones legales”, sentencian.

“Cantabria se ha quedado a la cola de otras Comunidades Autónomas y es una de las que tiene una legislación más antigua y ahora ya, obsoleta y contraria a la Ley Estatal que ya establece el Sacrificio Cero. Deberían tomar ejemplo de otras mucho más avanzadas y comenzar ya de una vez trabajar para mejorar esta situación y resolver definitivamente tan avergonzarte falta de gestión en políticas de bienestar animal. No tiene explicación que tengamos una normativa que data de 1992 y que, tras el intento en dos legislaturas consecutivas de actualizarla, los anteproyectos se hayan quedado en un cajón; como tampoco lo tiene que no ejerzan con su labor inspectora y sancionadora y consientan que más del 50% de los municipios cántabros ni siquiera tengan servicio de recogida de animales abandonados”, finaliza Cedrún.