El Gobierno de Cantabria ha publicado el proceso de consulta pública previo a la elaboración del nuevo decreto de justicia gratuita, una norma que ofrecerá respuesta a las reivindicaciones efectuadas por los profesionales que ejercen el turno de oficio, a través de sus respectivos colegios, de incrementar las retribuciones de abogados y procuradores, y ampliar, asimismo, los supuestos de compensación económica por los gastos que se generen.

La nueva norma se enmarca, a su vez, en los trabajos encaminados a la firma del futuro Pacto para la Justicia, uno de los principales objetivos del Gobierno cántabro para la actual legislatura, al considerar "fundamental" garantizar un servicio público de asistencia jurídica gratuita, respondiendo, así, a las necesidades de la Administración judicial, de sus empleados, profesionales del sector y de la ciudadanía en general.

Este nuevo decreto modificará el que entró en vigor el pasado año y que, antes de su aprobación definitiva por parte del anterior Ejecutivo, ya quedó "obsoleto y desfasado" debido al prolongado proceso de elaboración y al incremento de la inflación. De hecho, estas circunstancias han provocado que la subida económica aprobada no haya permitido hoy cumplir íntegramente las expectativas de los profesionales que ejercen su labor en la Comunidad Autónoma.

Igualmente, la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa procederá con el nuevo decreto a modificar el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, dado que algunos de los plazos establecidos, según los colegios profesionales, "eran de imposible cumplimiento". Además, el Ejecutivo procederá a corregir algunos errores materiales detectados en la normativa aprobada el pasado año.

En palabras de la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, el Gobierno cántabro da "la máxima prioridad" a la justicia gratuita y "dignificará" la compensación económica del turno de oficio, tanto para abogados como para procuradores, garantizando "en mayor medida que la ciudadanía acceda a la justicia "en igualdad de condiciones".

Además, ha valorado que este decreto, que tendrá efectos retroactivos a 1 de enero de 2024, propiciará que los propios profesionales intervinientes desenvuelvan sus competencias y funciones con más agilidad y con unas obligaciones mejor precisadas.

"Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Cantabria es la simplificación administrativa, sin merma de la seguridad jurídica, por lo que se quiere introducir en el articulado del decreto modificaciones concretas que faciliten la gestión de los expedientes de justicia gratuita", ha explicado la titular del Ejecutivo.

Hasta llegar al trámite de consulta pública publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), la Consejería de Justicia, que dirige Isabel Urrutia desde el pasado mes de julio, ha mantenido reuniones con los colegios profesionales de la Abogacía y de la Procura, a través de grupos de trabajo específicos, para avanzar en la detección de las posibles mejoras en el texto normativo y conseguir un decreto que "desde el inicio del procedimiento de elaboración" sea lo "más consensuado posible".

En Cantabria, ejercen el turno de oficio unos 553 abogados y 154 procuradores, una labor profesional que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas con menores recursos. Desde el turno de oficio se actúa en el servicio de asistencia al detenido, en materia de violencia de género y en el turno de extranjería, entre otros supuestos.

El trámite de consulta pública que se inicia ahora  tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre el contenido de la norma, antes de su elaboración. Así, en el plazo de 20 días hábiles, todos los interesados podrán en presentar sus alegaciones y sugerencias sobre el nuevo decreto de justicia gratuita. Los escritos podrán  presentarse en los registros públicos, así como a través de Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Cantabria (https://participacion.cantabria.es/).