El coordinador general del Partido Popular de Cantabria, Juan José Alonso, ha anunciado hoy el apoyo de su formación a las organizaciones profesionales agrarias que han convocado una tractorada por las calles de Santander para pedir soluciones urgentes para la crisis del sector primario mañana viernes, 16 de febrero, y la participación de representantes del PP en esta movilización.

La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, encabezará la representación del partido que acompañará a las entidades agrarias en su protesta frente a la Delegación del Gobierno, en la que también participarán el propio Juan José Alonso, diputados autonómicos, parlamentarios nacionales y miembros de la dirección.

Alonso ha recordado que el sector primario español está atravesando una situación de dificultad por el incremento de los costes de producción, las asfixiantes exigencias burocráticas y regulatorias o la aplicación de la nueva PAC con más exigencias ambientales que se hacen recaer sobre los agricultores y ganaderos; que en Cantabria se ve además agravada por el aumento de los ataques al ganado después de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Protegidas (LESPRE).

Y ha anunciado que el Partido Popular presentará una Proposición no de Ley en el Parlamento de Cantabria y mociones en los ayuntamientos de la región para exigir al Gobierno de España soluciones inmediatas que den respuestas reales a los problemas del sector primario.

El PP pide un plan de choque en defensa del campo, con una batería de 15 medidas urgentes en las que se exige el compromiso de no imponer nuevos impuestos, la flexibilización de la burocracia de la PAC, la reducción del IVA de productos esenciales como la carne y las conservas, o la suspensión del impuesto al plástico, que lastra la competitividad del sector primario español.

Entre las acciones de este plan de choque, que abarca medidas “inmediatas” de distintos ámbitos, destacan las relativas a garantizar la producción de alimento y reforzar su imagen, las referentes a los costes de producción o una fiscalidad diferenciada para hacer más accesibles ciertos productos.

Se exigen soluciones que proporcionen seguridad jurídica, como la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena, y garantías de funcionamiento del sector, como la disponibilidad de recursos hídricos o la revisión del sistema de seguros agrarios.

Además, se propone la revisión de aquellas actuaciones que puedan suponer un lastre para la competitividad, como la implantación de impuestos y el análisis del impacto de nuevas normativas, las que supongan competencia desleal para los productos españoles, las medidas de carácter económico para mejorar la financiación y desarrollo de proyectos, la reducción de carga burocrática y la flexibilización de la Política Agraria Común.

También se exige al Ministerio la creación de un grupo de expertos a nivel nacional que revise las actuales políticas de sanidad animal, analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades; así como el adecuado control de las especies invasoras y la fauna salvaje, sacando al lobo del LESPRE.

Estas peticiones fueron consensuadas por todos los consejeros autonómicos de Agricultura donde gobierna el PP.